El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por el presidente de la República, Nasry Asfura, acordó una serie de medidas orientadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, entre ellas la cancelación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), como parte de un proceso de reestructuración institucional en materia de seguridad.

La decisión fue adoptada durante una reunión celebrada en Casa Presidencial, en la que participaron el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; el Fiscal General de la República, Pablo Emilio Reyes; el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez y el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Enrique Rodríguez Burchard.

El encuentro estuvo centrado en el análisis de la situación de violencia que enfrenta Honduras, así como en la evaluación de nuevas estrategias para combatir las estructuras criminales que operan en el territorio nacional.

Instituciones desalineadas al plan de seguridad serán suspendidas

El ministro de Comunicación y Estrategia, José Augusto Argueta, explicó que la determinación de cancelar la Dipampco, responde al compromiso del Gobierno de revisar permanentemente el desempeño de las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población.

"Es un claro mensaje de que las instituciones que no estén a la altura de los retos actuales y que no estén coordinadas con la estrategia nacional de seguridad deben dar paso a nuevos mecanismos que permitan resultados más efectivos en la defensa de la vida de los hondureños", expresó el funcionario.

Argueta indicó que el proceso deberá cumplir con los procedimientos legales y administrativos correspondientes, incluyendo la revisión de los derechos laborales del personal y la evaluación del personal que pueda continuar prestando servicio dentro de otras estructuras especializadas del Estado.

Asimismo, señaló que los agentes que cuenten con la certificación, capacidad y compromiso requeridos podrán ser incorporados a nuevas instancias de seguridad que forman parte del proceso de fortalecimiento institucional impulsado por el Gobierno.

Argueta recordó que esta medida se suma a otras acciones recientes orientadas a enfrentar el crimen organizado, entre ellas la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen y la adopción de nuevas herramientas legales para fortalecer la persecución de estructuras delictivas.

Según explicó, la estrategia gubernamental busca recuperar territorios afectados por la actividad criminal, debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones ilícitas y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.

Las autoridades adelantaron que en los próximos días se anunciarán nuevas acciones complementarias destinadas a reforzar la capacidad operativa del Estado en el combate contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía.

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