En remate: ¡Venden avión presidencial por L.137 millones!
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), inició este viernes el proceso de recepción de ofertas de la subasta pública internacional Sedena BM-001-2026 para la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600, siendo los compradores una empresa de México Thebe Ingenieria & Consultoria, únicos ofertantes a un costo de cinco millones de dólares un poco más de 134 millones de lempiras.
Las autoridades hondureñas informaron que el proceso se desarrolló conforme a estrictos procedimientos legales para garantizar la correcta administración de los bienes del Estado y para optar a la compra de los pliegos de condiciones, cada participante acreditó previamente el pago de quinientos lempiras mediante depósito a favor de la Tesorería General de la República (utilizando el recibo TGR-1, asignado a la institución 449, rubro 12801).
Como parte de las etapas previas, cuatro empresas realizaron inspecciones técnicas presenciales de la aeronave en las instalaciones de la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa, donde especialistas verificaron de primera mano las condiciones operativas del Embraer Legacy 600. Otras cuatro compañías desistieron de participar y una no completó el procedimiento, quedando solo la empresa mexicana dedicada al rubro de traslados tipo taxis aéreos por lo que se pondrá en marcha los próximos días, dijo el representante legal de la empresa Jonathan Gonzales.
Para Gonzales resultó sorprendente que fueron ellos los únicos ofertantes y más cuando se trataba de una oferta base de cinco millones de dólares de una aeronave en óptimas condiciones, "el valor inicial de la aeronave fue un precio de oportunidad, creo que corrimos con suerte... nos sorprende ser los únicos".
FIN A ESCANDALO DEL DINERO DEL "TASÓN" DE SEGURIDAD
El "avion presidencial" fue adquirido durante la administración del mandatario Juan Orlando Hernandez (2014 - 2022), la información sobre la adquisición se mantuvo por varios años en reserva y con sello de "Confidencial", aduciendo las autoridades en ese entonces que se trataba de preservar un asunto de Seguridad Nacional.
Sin embargo, ante la presión mediática se informó desde Casa de Gobierno, que se trataba de una donación del gobierno de Taiwan lo que genero mayor interés periodístico hasta llegar a la conclusion que fue adquirido con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, que es el dinero que aporta de forma obligatoria todos los hondureños que utilizan el sistema bancario (agentes retenedores) desde donde se obliga una tasa porcentual que se aplica en transacciones bancarias.
El cobro se aplica a personas naturales cuando el saldo promedio de su cuenta de ahorros excede los 120 mil lempiras y se realizan retiros, pagos a terceros o transferencias. Tambien se aplica sobre los desembolsos de crédito y por cobros anuales calculados sobre el límite autorizado de las tarjetas de crédito. Se cobra una tasa de 2 lempiras por cada millar o fracción de millar (0.2%) en las transacciones gravadas.
La Tasa de Seguridad fue creada con el fin de captar fondos que serían destinados a la lucha contra la violencia, inseguridad y proyectos de prevención en el país y ante la débil captación de otros impuestos para los presupuestos destinados a ese sector, la ley fue impuesta con carácter de emergencia nacional. Por consiguiente la compra de un "avion presidencial" provoco molestia generalizada de la ciudadanía quienes continúan pagando "el Tasón".
Mientras tanto, con la venta casi en "remate", se cierra uno de los casos más polémicos de irregulares en el manejo de las finanzas públicas sin que se haya profundizado responsabilidad administrativa, rendición de cuentas claras y/o violación de deberes de los funcionarios para ningún servidor público.
Finalmente, el ministro de la Sedena, Enrique Rodriguez Burchard, se limitó a informar que para garantizar la legalidad del proceso se conformó un Comité de Subasta y Veeduría integrado por personal de la Gerencia Administrativa y la Auditoría Interna de la institución, además se contó con el acompañamiento de representantes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y de la Procuraduría General de la República (PGR), en calidad de observadores institucionales.
Reiteró que esta subasta representa un ejercicio de administración responsable del patrimonio público, orientado a optimizar los recursos del Estado y establecer un precedente de buenas prácticas en la enajenación de bienes públicos, bajo los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
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