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La burlesca “quijada de tiburón” en el caso Angie Peña

14 jul
4 min de lectura

Actualizado: 20 ago

Investigadores policiales en la etapa de inicio del caso, buscaron mandíbulas de tiburones para sustentar el estudio de evidencia sobre la posible muerte accidental de Angie Peña, devorada totalmente ante la ausencia del cuerpo, reveló una fuente fiscal
Investigadores policiales en la etapa de inicio del caso, buscaron mandíbulas de tiburones para sustentar el estudio de evidencia sobre la posible muerte accidental de Angie Peña, devorada totalmente ante la ausencia del cuerpo, reveló una fuente fiscal

Islas de la Bahía, Roatán. — La Dirección Policial de Investigación (DPI) dedicó varias semanas en 2022 a la búsqueda de una quijada de tiburón, presentada como una posible pista en la desaparición de Angie Samanta Peña Melgares.


Según los agentes en ese tiempo, la mandíbula podría contener indicios de un supuesto accidente en el mar, teoría que desde el inicio la familia consideró una burla y una muestra de la falta de seriedad en la investigación.


Esta hipótesis formó parte del contenido originario del extenso expediente elaborado desde el 1 de enero de 2022, día en que la familia Peña Melgares reportó la desaparición de Angie, víctima —según sostienen— de una red de trata de personas que opera en Honduras.


La última vez que la familia de Angie la vio con vida fue en la playa de West Bay, Roatán. Las primeras acciones policiales se enfocaron en la teoría de un accidente acuático, pues la joven contrató el alquiler de una moto acuática para dar un paseo por lo que, para la DPI, Angie pudo haberse caído y ahogado, incluso portando chaleco salvavidas.

En esta entrevista la Policia de Roatán tenia certeza de que la joven había muerto por un accidente, aseguraban evidencias fuertes en su investigación, sin que nunca apareciera el cuerpo de Angie Peña

La joven había contratado el servicio como parte de una actividad recreativa tras celebrar el fin de año junto a su madre, Michelle Melgares, y su hermana menor, Lizzy Peña, durante su estadía en la isla. Michelle recuerda que, mientras ella emprendía una búsqueda desesperada que la llevó incluso hasta Belice, las autoridades insistían en la posibilidad de que Angie hubiese sido devorada por un tiburón de gran tamaño.


Para la familia, escuchar esa hipótesis fue como recibir “un balde de agua fría”: una teoría absurda, sin sustento y alejada de la realidad. Según Michelle, los agentes de la DPI les aseguraban que ya no había razón para buscarla con vida.


Michelle Melgares, madre de Angie Peña, recordó cómo fue evidente el retraso de la búsqueda en tierra y lugares, aun cuando tenían testimonios repetitivos que daban pistas de la red de Trata
Michelle Melgares, madre de Angie Peña, recordó cómo fue evidente el retraso de la búsqueda en tierra y lugares, aun cuando tenían testimonios repetitivos que daban pistas de la red de Trata

Comportamientos sospechosos, del tiburón al remolino: teorías sin sustento


Con el paso de las semanas, la familia comenzó a notar acciones sospechosas por parte de servidores públicos. Cuando solicitaron las grabaciones de cámaras de hoteles y establecimientos visitados por Angie, las respuestas fueron negativas e incluso recibieron amenazas anónimas.


A pesar de la insistencia policial en el supuesto accidente, Michelle y Lizzy continuaron una búsqueda intensa por aire, mar y tierra. Helicópteros, lanchas y vehículos se movilizaron sin descanso, pero nadie lograba dar con el paradero de la joven profesional en Mercadotecnia, graduada de UNITEC.


El expediente del caso Angie Peña contiene decenas de páginas que revelan la presencia de poderes extranjeros en Honduras, apoyados por colaboradores nacionales para la compra de conciencias, niñas y mujeres, según una fuente del Ministerio Público.


Más de veinte personas han tenido acceso al expediente: agentes de DPI, ATIC, jueces, fiscales, personal de inteligencia y abogados. Varias fuentes coinciden en que, por años, niñas y mujeres en Islas de la Bahía han sido víctimas de explotación sexual comercial, disfrazada como “servicio turístico”, con la tolerancia de servidores públicos en ámbitos policiales, judiciales, municipales, políticos y empresariales.


Otro investigador relató que, además de la teoría del tiburón, se manejó la hipótesis de un remolino que habría succionado la moto acuática con Angie, expulsando la jetski a la superficie y dejando a la joven en el fondo del mar. Esta versión también se desvaneció cuando nuevas autoridades presionaron por líneas de investigación más serias.


“Se abrió la Caja de Pandora... La célula “Delta Team”


Con la llegada de nuevas autoridades, entre ellas la exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva, se trazaron nuevas líneas de investigación. Según una fuente, los hallazgos “parecen sacados de una película de horror” y revelan solo una pequeña parte de un entramado criminal transnacional que quedó expuesto con la desaparición de Angie.


El investigador relató a este medio que, al avanzar en el caso, comenzaron a recibir presiones de todo tipo. Se conformaron nuevos equipos, se involucró más a la ATIC y se abrieron rutas que comprometían a figuras poderosas. “Por todos lados uno no sabía en quién confiar”, dijo. “Esperamos que al final se logre justicia”.


A mediados de 2022, cuando la DPI entregó información a las nuevas autoridades de Seguridad en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la familia Peña Melgares denunció múltiples irregularidades cometidas por policías, fiscales y autoridades municipales de Roatán.


Desde entonces, el expediente ha sido actualizado con testimonios y evidencias que revelan una de las redes de trata de mujeres y niñas más grandes conocidas en Honduras, de la cual el caso de Angie es solo la punta del iceberg.


Las investigaciones lograron llevar ante la justicia a una célula del crimen organizado conocida como “Delta Team”, integrada por los ciudadanos norteamericanos Harold Joseph Green Jr. — detenido por trata de personas y asociación para delinquir, William James Murdock — detenido por explotación sexual y venta de personas. También, Gary Lee Johnston — vinculado activamente a la estructura criminal, Ramón Gustavo Trejo Nájera (Honduras) — colaborador local de la red en Roatán.


El expediente también señala como cómplices institucionales a miembros de cuerpos de seguridad y servidores judiciales que brindaban protección a la red, entre ellos algunos miembros de la ATIC, según declaraciones de testigos no solo victimas sino hasta colegas investigadores quienes, por temor a esos tentáculos en la institucionalidad, no se atrevieron a dar más información.


Gracias a esa complicidad, se encuentra Prófugo de la justicia y con alerta migratoria de la Policia Internaciona (Interpol), Antony Frank Grayson originario de los Estados Unidos y uno de los supuestos delincuentes extranjeros mas buscados en Honduras por lo que se ofrece tambien una recompesa de 300 mil lempiras unos 11 mil 246 dolares al cambio actual, dinero que se pagaria a quien aporte información que permita la captura, anunció esta semana la Policia Nacional.




 

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